Caracas, mayo 23 - El canciller de la República, Elías Jaua, presentó
este viernes ante La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) una
denuncia formal contra la injerencia de los Estados Unidos en los
asuntos internos de Venezuela.
A continuación, el texto completo:
Señores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en la ocasión de hacer
referencia al seguimiento de la situación en la República Bolivariana de
Venezuela, tras las jornadas de acciones de violencia armada
registradas desde el pasado 12 de febrero de 2014, impulsadas por grupos
de la oposición venezolana que pretenden derrocar al gobierno
constitucional; y promovidas por intereses de gobiernos y funcionarios
de gobiernos extranjeros, quebrantando el ordenamiento jurídico
internacional reconocido por los Estados independientes y soberanos. De
allí, a continuación les expongo la siguiente:
Denuncia internacional contra la injerencia sistemática del gobierno de
los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República
Bolivariana de Venezuela y las sanciones ilegales, unilaterales e
injustificadas desarrolladas por parte del senado estadounidense.
El Gobierno de los Estados Unidos de América, desde el mes de febrero de
2014, recién iniciadas las acciones violentas que han subvertido el
orden público y la paz con el objetivo de derrocar al Gobierno
constitucional y democrático del Presidente Nicolás Maduro en algunas
ciudades de la República Bolivariana de Venezuela; ha desarrollado
abierta y públicamente una campaña sistemática de injerencia en los
asuntos internos de Venezuela, contrariando con dicha conducta los
principios que sirven de fundamento al ordenamiento jurídico
internacional, así como los valores fundamentales para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
Este documento se propone dar a conocer ante la comunidad internacional dichos actos de injerencia.
I. Del Derecho Internacional. El numeral 7 del artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas, dispone claramente como principio fundamental que
regula el accionar, tanto de la Organización como de sus países
miembros, la obligación de no intervenir en los asuntos que son
esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.
Este principio, está plenamente desarrollado en la «Declaración sobre
los Principios de Derecho Internacional referentes a las Relaciones de
Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas» (Resolución de la Asamblea General de la ONU N°
2625 (XXV) del 24 de octubre de 1970), en la que se prevé lo siguiente:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención
armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de
amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos
políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones
del Derecho Internacional.»
De igual manera, el artículo 3 (e) de la Carta de la Organización de los
Estados Americanos establece como un principio de obligatorio
cumplimiento para todos los miembros de la organización «la obligación
de no intervenir en los asuntos de otro Estado», y el artículo 19 de la
misma Carta, dispone expresamente que:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente
la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos
políticos, económicos y culturales que lo constituyen.»
La codificación normativa de este principio hace indudable su
obligatoriedad para todos los países de la región, a fin de mantener una
buena relación que propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad
internacionales.
Otra manifestación más de que este principio universal constituye una
costumbre hemisférica, practicada con plena obligatoriedad por todos los
países de la región americana, puede apreciarse en el párrafo 23 de la
Declaración de Caracas del 2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
en la cual este mecanismo político e integracionista, que significa el
de mayor representatividad americana, reconoció como unos de sus valores
y principios orientadores, el respeto a la soberanía; el respeto a la
integridad territorial y; la no injerencia en los asuntos internos de
cada país.
Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaración Especial
sobre la Democracia y el Orden Constitucional en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del 3 de diciembre de 2011, donde
quedó expresado lo siguiente:
«Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el respeto a la
autoridades legítimamente constituidas como expresión de la voluntad
soberana de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos, y la
defensa de las instituciones democráticas constituyen garantías
indispensables para asegurar la paz, la estabilidad y la prosperidad
económica y la justicia social…»
De igual modo, en el ámbito regional, la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) ha reafirmado en diversas ocasiones la convicción de sus
Estados miembros en relación a la obligatoriedad para toda la comunidad
internacional del principio de la no intervención, el respeto
irrestricto de la soberanía de los Estados, y la no injerencia en los
asuntos internos. Ello en aras de mantener la seguridad regional y la
paz internacional.
Así tenemos que, en la Decisión para el Establecimiento del Consejo de
Defensa Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre 2008, la Unión
enfáticamente dispuso en su artículo 3, como principios rectores para la
defensa suramericana:
«(a) [El] respeto de manera irrestricta a la soberanía, integridad e
inviolabilidad territorial de los Estados, la no intervención en sus
asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos.
(e) [La] salvaguarda de la plena vigencia del Derecho Internacional, en
concurrencia con los principios y normas de la Carta de las Naciones
Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el
Tratado Constitutivo de UNASUR.
(m) Reafirmar la convivencia pacífica de los pueblos, la vigencia de los
sistemas democráticos de gobierno y su protección, en materia de
defensa, frente a amenazas o acciones externas o internas, en el marco
de las normativas nacionales…»
En igual sentido, la Declaración Conjunta de la Reunión Extraordinaria
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiteró su énfasis a que «el
irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados, la no injerencia en asuntos internos y la
autodeterminación de los pueblos son esenciales para consolidar la
integración regional», y, en este orden de ideas expresó la «disposición
de consolidar en Suramérica una zona de paz, fundamento para el
desarrollo integral de nuestros pueblos, y la preservación de sus
recursos naturales, a través de la prevención de conflictos, la solución
pacífica de las controversias y la abstención de recurrir a la amenaza o
el uso de la fuerza.»
II. De la injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana
de Venezuela por parte del Gobierno de los Estados Unidos de
Norteamerica.
El Gobierno y el Senado de los Estados Unidos de América, haciendo
alarde de su pretendida hegemonía, ha venido incumpliendo
sistemáticamente con la obligación internacional de la no injerencia en
los asuntos internos de Venezuela, al desarrollar toda una línea de
acciones de carácter declarativo y legislativo, con el fin de emitir
juicios de valor negativos sobre la atención que el Estado venezolano ha
dado a las acciones violentas de naturaleza vandálica y delictiva,
ejecutadas por grupos armados y violentos, de sectores de la oposición
política venezolana y; amenazar con establecer una legislación que
sanciona unilateralmente al Estado Venezolano.
Prueba de ello está en las declaraciones que, el 14 de febrero de 2014
dio la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Marie Harf,
manifestando su preocupación por la orden de detención del ciudadano
Leopoldo López, líder del partido político de ultraderecha Voluntad
Popular.
Cabe destacar que, el Sr. López lideró personalmente la protesta del día
12 de febrero de 2014 y, en el marco de dicha protesta, reiteró su
llamado a derrocar al Gobierno constitucional venezolano por medio de
acciones de calle, ocurriendo que, inmediatamente después de finalizada
la protesta pacífica, un grupo de personas que habían participado en
dicho acto político atacaron la sede del Ministerio Público y otros
bienes públicos y privados allí situados, causando graves daños
materiales.
Sin embargo, en su declaración oficial, la funcionaria Marie Harf
enfatizó el llamado del Gobierno estadounidense para que las autoridades
venezolanas liberaran a las diecinueve (19) personas detenidas durante
la contención del ataque a la sede del Ministerio Público y la
destrucción de la Plaza Parque Carabobo, pues para los Estados Unidos de
América estas personas eran «manifestantes pacíficos».
A partir de esta fecha, el Gobierno estadounidense emprendió, a través
de sus pronunciamientos oficiales, la tergiversación de las situaciones
de violencia armada ocurridas en Venezuela, confundiéndolas
intencionadamente con manifestaciones políticas pacíficas.
El día 15 de febrero de 2014, el Secretario de Estado de los Estados
Unidos de América, John Kerry, emitió una declaración oficial en la que
expresamente insinuó que el Gobierno venezolano había arrestado y
detenido supuestos manifestantes pacíficos contra el Gobierno y por
tanto condenaba «esa violencia sin sentido». Haciendo, además un llamado
al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que liberase a
los manifestantes detenidos.
Los días 17 y 18 de febrero, los voceros oficiales de la Casa Blanca,
Jay Carney, y del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestaron ante
los medios de comunicación social que las acciones tomadas por las
autoridades venezolanas «reflejaban una falta de seriedad de parte del
Gobierno de Venezuela», y por tanto instaban al Gobierno a proveer un
espacio de diálogo verdadero y significativo.
De igual modo, el referido portavoz de la Casa Blanca reiteró el llamado
a que las autoridades venezolanas liberaran a los «manifestantes anti
gobierno» detenidos o arrestados.
En la misma línea intervencionista, el Presidente de los Estados Unidos
de América, Barack Obama, declaró el día 19 de febrero de 2014 que: «(…)
hacemos un llamado al Gobierno venezolano para que libere a los
manifestantes que ha detenido y a que participe en un auténtico
diálogo…».
Las anteriores declaraciones públicas y oficiales reflejan claramente la
tergiversación de la detención in fraganti de personas que cometieron
actos vandálicos y en algunos casos homicidios, identificándolos
intencionalmente como «manifestantes anti gobierno», a fin de
descalificar las acciones emprendidas por el Estado venezolano para el
restablecimiento de la paz.
De igual modo, cabe mencionar que todas las personas privadas de
libertad durante las situaciones de violencia armada y vandalismo
ocurridos en algunos sectores urbanos de Venezuela, incluyendo los
dirigentes políticos actualmente sometidos a procesos de enjuiciamiento
penal por su participación en dichas situaciones, se les ha garantizado y
respetado plenamente sus derechos a la defensa y al debido proceso.
Por otra parte, el Gobierno venezolano estima inaceptable e irracional
que el Gobierno de los Estados Unidos de América haga un llamado para
que las autoridades del orden público y el sistema judicial venezolano
desapliquen la normativa penal respectiva, y dejen de cumplir las
funciones y atribuciones que les atribuye la Ley para el mantenimiento
de la paz y el orden público y el estado de derecho en Venezuela.
A partir del 21 de febrero de 2014, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América ha puesto mayor énfasis, a través de su
titular y de la Subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Roberta Jacobson, en la injerencia sistemática desarrollada por ese país
en contra de la República Bolivariana de Venezuela.
En esa fecha, durante una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca, la
Subsecretaria Jacobson, junto al vocero del Presidente de los Estados
Unidos de América, Ricardo Zúniga, emitieron opiniones oficiales en
nombre del Gobierno estadounidense, en un tono indudablemente ofensivo,
reiterando el entendimiento unilateral e infundado de ese Gobierno de
que el Gobierno venezolano habría arremetido contra manifestantes
pacíficos anti gobierno, insinuando una supuesta violación de los
derechos humanos a la libertad de pensamiento y a reunirse pacíficamente
para protestar.
Adicionalmente, el vocero oficial Ricardo Zúniga, sugirió que el
Gobierno venezolano habría suprimido la libertad de expresión y la
libertad de prensa, por el único hecho de haber suspendido legalmente la
transmisión de la señal de un canal de noticias extranjero cuyas
trasmisiones incitaban al desconocimiento violento del gobierno
constitucional y la promoción del odio; violando flagrantemente la
legislación venezolana.
De igual manera, la Subsecretaria Jacobson afirmó que el Gobierno
estadounidense estaba preocupado por el proceso judicial del ciudadano
Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, y aunque
reconoció que luego de las protestas pacíficas donde participó este
ciudadano ocurrieron hechos de violencia y vandalismo, insinuó sin
reservas que las autoridades judiciales venezolanas no eran idóneas para
garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de este
ciudadano, debido a que, bajo el entendimiento del Gobierno
estadounidense, la práctica judicial venezolana no era imparcial ni
transparente.
Dicha afirmación maliciosa sobre el desempeño de los órganos
jurisdiccionales del Estado venezolano fue enfatizada por el vocero
oficial Zúniga al expresar: «Y como Roberta [Jacobson] mencionó, tenemos
algunas preocupaciones basadas en la historia reciente acerca de la
imparcialidad del proceso aplicado a los acusados de crímenes en
Venezuela».
También ese día 21 de febrero, el Secretario Kerry demandó que: «el
Gobierno [venezolano] debe liberar a los miembros de la oposición
encarcelados e iniciar un auténtico proceso de diálogo con la oposición
democrática…». Huelga señalar la incuestionable e inaceptable injerencia
contenida en este pronunciamiento oficial del Gobierno estadounidense,
en el que expresa su único entender sobre el tema y explícitamente se
atreve a ordenar el cómo debe proceder el Poder Judicial de otro Estado.
Adicionalmente, el cuestionamiento sobre la probidad del funcionamiento
del sistema judicial venezolano, constituye una declaración inamistosa
hacia la institucionalidad del Poder Judicial de la República
Bolivariana de Venezuela, con la cual el Gobierno de los Estados Unidos
de América pretende generar, en la opinión pública una matriz de
descrédito sobre las decisiones de los tribunales venezolanos, alentando
con ello las pretensiones más radicales de la oposición política
venezolana, quienes han hecho llamados públicos a desconocer dichas
decisiones y hasta han sugerido realizar acciones de calle para impedir
el normal funcionamiento de los tribunales.
De igual modo, la Subsecretaria Jacobson, reiteró la posición ya
esgrimida por el Secretario de Estado John Kerry, de que ese país se
encuentra en plena disposición de aplicar sanciones unilaterales en
contra de la Nación venezolana y sus intereses, si el Gobierno
venezolano no accede a las peticiones que sobre una base infundada, ha
realizado reiteradamente el Gobierno de los Estados Unidos de América,
de desconocer y desaplicar el ordenamiento jurídico venezolano a las
personas que se les sigue el respetivo proceso judicial, a fin de
determinar su eventual responsabilidad en las situaciones puntuales de
violencia armada, vandálica y delictiva ocurridas en algunos sectores
urbanos en Venezuela.
Si faltara una evidencia de lo anteriormente descrito, está la confesión
que el día 14 de mayo de 2014, fue publicada en diferentes medios de
comunicación, sobre la comparecencia de la Subsecretaria para Asuntos
del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson,
ante un panel del Senado del Congreso estadounidense, en la que, ante
dicho órgano parlamentario, reveló expresamente que mantiene una
comunicación continua con los actores de la oposición venezolana.
III. De las sanciones ilegales, unilaterales e injustificadas contra la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, el 13 de marzo de 2014 fue presentada ante el Congreso
de los Estados Unidos de América la «Ley para la Defensa de los Derechos
Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela», la cual fue aprobada por el
Comité de Relaciones Exteriores y remitida a la plenaria de dicha
instancia el 19 de mayo de 2014.
Este instrumento normativo, de eminente carácter intervencionista, se
encuentra sustentado en la convicción que, sobre las situaciones
puntuales de violencia vandálica y delictiva ocurridas en algunos
sectores urbanos en Venezuela, han llegado algunos senadores del
Congreso de los Estados Unidos de América, quienes han conocido dichas
situaciones por la información divulgada por las grandes corporaciones
mediáticas estadounidenses , las cuales a su vez han inspirado su línea
editorial en los pronunciamientos oficiales del Gobierno de los Estados
Unidos de América, obviando los principios éticos necesarios para el
ejercicio profesional del periodismo, principios que garantizan el
derecho a la información veraz y oportuna de las personas receptoras de
los contenidos que emiten dichos medios de comunicación.
Vale mencionar, que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
ha ofrecido establecer un diálogo diplomático de alto nivel con el
Gobierno de los Estados Unidos de América, a fin de intercambiar
información veraz directamente entre ambos Estados, a lo cual el
Gobierno estadounidense ha manifestado oficialmente que pospone su
respuesta a este ofrecimiento, lo cual es interpretado por el Gobierno
venezolano como una señal inequívoca de que su contraparte
norteamericana no corregirá su accionar intervencionista y adecuará su
comportamiento a las obligaciones de no injerencia previstas en el
derecho internacional.
Por tanto, la eventual aprobación de una legislación estadounidense que
establezca sanciones de carácter unilateral no autorizadas por el
derecho internacional contra los intereses de la Nación venezolana, y
que prevea el financiamiento y promoción activa de las actividades de
los sectores de oposición política en la República Bolivariana de
Venezuela, es real e indudablemente una muestra irrefutable de la
reiterada inobservancia por parte del Gobierno de los Estados Unidos de
América, del principio fundamental de la no intervención en los asuntos
internos de otro Estado, consagrado como obligación universal en el
derecho internacional que rige las relaciones internacionales entre los
Estados, a fin de garantizar la paz y la seguridad internacionales.
Adicionalmente, la doctrina internacionalista contemporánea, sustentada
en la reciente jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y en
la práctica de los órganos del sistema de las Naciones Unidas, ha
sostenido que la aplicación de acciones estatales de carácter
sancionatorio contra un Estado sólo puede considerarse lícito en el
ámbito internacional si éstas están autorizadas por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Es evidente la insensatez de la postura legislativa del Gobierno de los
Estados Unidos de América, que amenaza con sancionar unilateralmente los
intereses de la Nación venezolana y que además, deja al descubierto la
verdadera naturaleza de este tipo de actos legislativos, que no es otro
que medidas de fuerza contrarias al derecho internacional, además de
prohibidas; tal como se citó al principio de este documento, por la
Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los
Estados Americanos; ya que éstas constituyen actos inamistosos que
amenazan las buenas relaciones entre los Estados y por consiguiente
afectan la paz y la seguridad internacionales.
Por tanto, es obligatorio no sólo para el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela sino para todos los Estados, desconocer,
rechazar y condenar este tipo de legislaciones, que atenta contra los
valores fundamentales de la convivencia pacífica entre los Estados y
contraviene el derecho internacional universal, con especial énfasis, en
la prohibición absoluta del uso de la fuerza o amenaza del uso de la
misma de manera unilateral, la cual es un imperativo irrefutable
reconocido y aplicado actualmente por toda la comunidad internacional.
IV. Denuncia
Los hechos antes relatados, demuestran una conducta consecuente y
reiterada de intervención del Gobierno de los Estados Unidos de América,
en los asuntos políticos internos de la República Bolivariana de
Venezuela. Dicho Gobierno, a través de las continuas declaraciones,
expresiones y acciones de sus representantes gubernamentales y
parlamentarios, exige al Gobierno venezolano una actuación contraria a
nuestro ordenamiento jurídico, solicitando que se liberen personas que
han cometido hechos delictivos y por tanto, que no exista en Venezuela
la aplicación de la justicia penal, violando así la normativa
internacional.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia que el
Gobierno estadounidense actualmente tramita ante su Congreso, un
proyecto de Ley que refleja el apoyo directo y el financiamiento de ese
Gobierno a las pretensiones de la oposición política que hace vida en el
sistema democrático participativo y protagónico venezolano. De la
lectura de dicho proyecto, se puede evidenciar claramente que ese
Gobierno continuará con el financiamiento a la oposición venezolana, en
particular de grupos que ejercen la violencia armada y vandálica, que
realizan hechos delictivos, asignándoles un monto de 15 millones de
dólares “en nuevo financiamiento”, cuyo fin último y único, es atentar
contra los elementos políticos y económicos que constituyen el Estado
venezolano, derrocando al Gobierno constitucional y democráticamente
establecido del Presidente Nicolás Maduro Moros.
La intención del Gobierno estadounidense de aplicar sanciones en contra
del Estado venezolano, no es otra cosa sino un mecanismo de coacción en
contra de nuestro país que igualmente viola la Carta de las Naciones
Unidas, y esta actitud no es más que el reflejo de su pretensión
hegemónica e imperialista, por cuanto considera que tiene la potestad de
sancionar unilateralmente a cualquier Estado cuando sus intereses así
lo ameriten, tal como ha hecho con otros países, por lo cual la
Comunidad Internacional debe rechazar y condenar enérgicamente este tipo
de acciones.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desea denunciar la
violación del principio de la no intervención en los asuntos internos
por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América en sus
relaciones con Venezuela, así como el incumplimiento de las obligaciones
internacionales sobre respeto y observancia de las normas mínimas de
buena convivencia para garantizar la paz y la seguridad internacionales,
lo cual constituye una contravención a las normas y principios que
rigen las relaciones entre Estados, y que tiene su máxima expresión en
la Carta de la Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, tratados internacionales que dicho país, al igual
que los demás países de la Comunidad Internacional, se encuentra
obligado a cumplir y a respetar.
En nombre del derecho del pueblo venezolano a vivir en paz y de que se
respeten su independencia y soberanía, demandamos a los organismos
internacionales competentes, solicitar al Gobierno de los Estados Unidos
de América que respete el Derecho Internacional vigente y que cese su
injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de
Venezuela.
